La morosidad en los créditos concedidos por bancos, cajas y establecimientos financieros de crédito (EFC) tanto a particulares como empresas se situó en octubre en el 7,41%.

Es probable que mucha gente se haga esta misma pregunta y francamente la respuesta es simple y directa, NO. Mientras nuestro nombre este en Asnef o RAI seremos incapaces de conseguir ningún tipo de financiación.

Este tipo de empresas utilizan amenazas, coacciones y otros métodos que vulneran el derecho al honor y a la intimidad. Viernes, 10 de junio. En el domicilio particular de Santiago se recibe una llamada no identificada, un teléfono oculto. Responde su hija, de 20 años. Preguntan por su tía, dicen que son “de los juzgados de la Plaza de Castilla, (Madrid), y que tienen que hablar urgentemente de una demanda con ella”. La chica contesta amablemente que no puede atender su petición porque “su tía no vive ahí”. Rápidamente cuelgan sin despedirse.

El Tribunal Supremo tiene la intención de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que se pronuncie sobre la legalidad de una parte de la normativa española de protección de datos, esta parte de la normativa restringe el desarrollo de ficheros de morosos que incluyan datos sin el consentimiento de los afectados.

Las atenciones personalizadas realizadas en la OMIC del Ayuntamiento de Torremolinos durante el año 2011 ponen de manifiesto que los listados de morosos se han convertido en un tema de preocupación para ciudadanos ya que con cierta frecuencia hay personas que son informadas de que no pueden solicitar o financiar un crédito porque están dentro de una lista de morosos. El problema es mayor cuando se ha incluido en los mismos a personas que no sólo o tenían deudas pendientes sino que jamás habían contratado los servicios de las empresas que reclamaban el pago. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Orange (France Telecom) una multa de 60.101,21 euros por incluir de forma irregular a una usuaria de telefonía móvil en una lista de morosos, cuando la supuesta deuda aun era objeto de una reclamación administrativa porque la afectada discrepaba con la facturación emitida por la compañía.

Este desplome del conjunto del sector contrasta con los datos de la financiera El Corte Inglés que concentró un 42% de los créditos concedidos por establecimientos financieros para la adquisición de bienes de consumo el año pasado en España, con un total de 7.224,4 millones de euros.